Un Estado constitucional consigue esta denominación cuando logra que su norma fundamental tenga las características de supremacía, fuerza normativa, y si se puede, legitimidad. Esto incluye el poder limitar la actuación de los demás poderes del Estado, quienes a su vez, deben poder interactuar y limitarse mutuamente. Ante ello, el Poder Judicial debe poseer las garantías necesarias para asegurar la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, constituyendo una condición indispensable para la protección de los derechos de las personas.
«Independencia judicial en el tercer milenio» es un libro que compila los trabajos presentados como Relaciones Generales en el XVII Congreso Mundial de Derecho Procesal, celebrado en Lima, donde los autores examinaron la estrecha relación entra la justicia y la democracia, abordando temas como las garantías de imparcialidad judicial, las tensiones internas entre la judicatura, y externas como los demás poderes del Estado, como también los desafíos que enfrentan los sistemas judiciales con tla de preservar su independencia.
Bajo esa premisa, se tomará como referencia el «Relato general: La independencia judicial frente a los otros poderes públicos», de Santiago Pereira Campos, con el propósito de destacar aquellos indicadores internacionales que revelan los problemas que sufre el principio de independencia judicial en Latinoamérica y Perú.
En múltiples situaciones los poderes judiciales han sido la última esperanza de las personas en lo que respecta a la protección de sus derechos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Pero el asedio es inmenso y creciente (p. 370).
Con esta afirmación inicia el «Relato general: La independencia judicial frente a los otros poderes públicos». Posteriormente, constata que en distintas regiones del mundo se han consolidado proyectos políticos que poco a poco erosionan sistemáticamente la independencia judicial.
Si bien esto no responde a hechos aislados, sí lo hace a estrategias identificables, pues es posible observar en el día a día de la política mundial incumplimientos deliberados por parte de los gobiernos, así como campañas mediáticas dirigidas a deslegitimar magistrados y sus fallos ante la opinión pública. A ello se suman las políticas antimeritocráticas en su nombramiento, y prácticas de amedrentamiento que buscan condicionar el sentido de las decisiones judiciales.
Posteriormente, en el libro se presentan diversos informes que subrayan que estos ataques externos conviven con problemas estructurales internos, tales como corrupción, impunidad y politización en la selección de jueces y fiscales, concluyendo en un escenario de precarización institucional que debilita aun más la capacidad de los sistemas de justicia de cumplir con sus funciones.
El autor recurre a distintas mediciones internacionales para dimensionar la coyuntura política actual, tales como el Índice de Democracia 2022 de The Economist, donde se revela que tan solo el 8% de la población mundial vive en una democracia plena y definida por la existencia de un sistema eficaz de pesos y contrapesos, así como un poder judicial cuyas decisiones son respetadas y cumplidas.
El World Justice Project 2023, por su parte, evaluó a 140 países, donde según el puntaje obtenido, se puede observar el grado de cumplimiento de factores necesarios para garantizar una justicia transparente y efectiva.
En cuanto a la justicia civil, que utiliza como factores a si las personas pueden acceder y costear el sistema de justicia civil sin enfrentar barreras económicas, procedimentales, físicas o lingüísticas; si dicho sistema está libre de discriminación por condición socioeconómica, género, etnia, entre otros; Perú obtuvo 0.35 puntos, colocándose en el puesto n° 120.
En cuanto a la justicia penal en base a los factores de la efectividad del sistema de investigación criminal, la celeridad y eficacia del sistema de juzgamiento, la capacidad del sistema penitenciario para reducir la reincidencia respetando los derechos de las personas, la imparcialidad del sistema frente a distintos grupos sociales, su independencia frente a la corrupción y al crimen organizado, entre otros; Perú obtuvo 0.42 en el puesto número 115.
También se encuentra el Índice de Independencia Judicial del World Economic Forum, que documenta una caída de aproximadamente 4.6% en la percepción de independencia judicial en las economías del G20 desde la crisis financiera global.
De manera relevante para la región es el dato de Latinobarómetro 2020, que descubre que el Poder Judicial registra apenas 25% de confianza ciudadana en América Latina, por debajo de instituciones como las Fuerzas Armadas (44%) o la Iglesia (61%).
Los poderes judiciales constituyen, para muchas personas, la última instancia de protección de sus derechos, sobre todo en condiciones de vulnerabilidad, pero el asedio que enfrentan es, en las palabras del autor, inmenso y creciente.
Esta tensión entre la función esencial del Poder Judicial y la fragilidad de las garantías que protegen su independencia es, precisamente, el eje que recorre toda la obra para encontrar nuevas propuestas enfocadas en pulir y mejorar materialmente el principio de separación de poderes.
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